La crisis y la participación extranjera

Luego del Acuerdo por la Paz, firmado entre el gobierno y la oposición, el jueves 14 de noviembre, con el objetivo de buscar una salida a la crisis social que enfrenta Chile hace prácticamente un mes, la esperanza de recuperar la tranquilidad en las calles renació en la mayoría de los chilenos que, si bien apoyan las demandas sociales, se han mantenido ajenos a las marchas. Sin embargo, los focos de violencia no se han detenido.

En este contexto, llaman la atención varias noticias que se han dado a conocer en las últimas horas y que, extrañamente, han tenido nula repercusión en los canales de televisión chilenos, los mismos que han recibido duras críticas por su manera de entregar la información.

La primera guarda relación con el nivel de organización que tienen los grupos de encapuchados que han incendiado edificios públicos, mobiliario patrimonial, bancos, supermercados, autobuses y la red del Metro. Según las investigaciones de la Fiscalía Nacional, los autores de los atentados tienen equipos logísticos que los alimentan y les proporcionan agua durante los ataques, además de seguridad, por si se aproxima la policía. Los grupos de encapuchados se dividen entre 4 y 5 personas y se comunican por radiotransmisores, antecedentes que echarían por tierra su actuar espontáneo.

En segunda instancia, el diario Clarín de Argentina informa que accedió a antecedentes entregados al servicio de inteligencia del gobierno argentino respecto a la detención de 12 ciudadanos de ese país acusados de participar en hechos violentos en distintas ciudades de Chile. Los argentinos detenidos, de entre 21 y 46 años, son militantes de distintas organizaciones políticas, algunas de ellas anarquistas y viajaron exclusivamente para participar de las protestas.

Finalmente, la tarde del viernes 15, el Intendente de la Sexta Región, Juan Manuel Masferrer, ordenó la expulsión de 50 extranjeros, 30 de ellos de nacionalidad cubana y 9 venezolanos, involucrados en hechos violentos como saqueos, incendios, barricadas y atentados contra la autoridad.

Todos estos antecedentes han reflotado la tesis de la intervención extranjera, que ya había planteado la OEA en octubre pasado y que indica que Venezuela y Cuba habrían utilizado el movimiento social para infiltrarse y provocar una desestabilización en el gobierno chileno.

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